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De acuerdo con la Guía para la Evaluación de Políticas Públicas (Sinergia y DNP, 2012), en el ciclo de los programas, la evaluación ejecutiva es un instrumento de evaluación de medio término, debido a que esta metodología permite inspeccionar aspectos de ejecución y la operación de los programas; puede desarrollarse en la etapa de implementación o en la ex-post del programa, cuando ya se han empezado a entregar productos y servicios a los beneficiarios.
La evaluación de las políticas es una actividad que permite valorar el desempeño de las acciones e intervenciones públicas que, a través de un esquema ordenado de obtención y análisis de información, facilita la retroalimentación y genera resultados que apoyan la toma decisiones.
El análisis financiero resulta un componente indispensable en las decisiones de los productores y de los lineamientos de política sectorial agropecuaria. De otra parte, en cuanto a la problemática definida por la misión para la transformación del campo (DNP, 2015), se ha reconocido la existencia de una baja rentabilidad de la economía agropecuaria contando entre sus principales causas la disponibilidad de tecnología, los precios y el mercado, las condiciones del crédito, entre otras; se hace especial énfasis en el crecimiento acelerado de los costos de producción y fuertes alzas en los precios de sustentación.
El análisis financiero resulta un componente indispensable en las decisiones de los productores y de los lineamientos de política sectorial agropecuaria; por lo que es clave tener este aspecto en cuenta al momento de evaluar la problemática definida por la misión para la transformación del campo (DNP, 2015), en la cual se ha reconocido la existencia de una baja rentabilidad de la economía agropecuaria. Las principales causas de dicha problemática son: la disponibilidad de tecnología, los precios y el mercado, las condiciones del crédito, entre otras; haciendo especial énfasis en el crecimiento acelerado de los costos de producción y fuertes alzas en los precios de sustentación.
El presente documento tiene como objetivo brindar a las administraciones municipales y distritales y, en general, a todos los actores del ordenamiento territorial, una serie de elementos conceptuales, metodológicos y procedimentales, en el marco de los procesos de delimitación, formulación (incluidos, los criterios de priorización para el efecto), adopción e implementación de las unidades de planificación rural (UPR), instrumentos de ordenamiento territorial que, tal como se desarrolla en este documento, tienen por objetivo concretar las decisiones contenidas en los planes de ordenamiento territorial (POT), instrumentos que por ese hecho se convierten en elementos estratégicos para consolidar una política de gestión del territorio para usos agropecuarios.
El documento analiza el fraccionamiento antieconómico de tierras rurales en Colombia, enfocándose en sus impactos sobre la estructura agraria y la distribución de la tierra. Examina las consecuencias del tamaño reducido de los predios en términos territoriales, productivos, económicos, sociales y ambientales.
