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De acuerdo con la Guía para la Evaluación de Políticas Públicas (Sinergia y DNP, 2012), en el ciclo de los programas, la evaluación ejecutiva es un instrumento de evaluación de medio término, debido a que esta metodología permite inspeccionar aspectos de ejecución y la operación de los programas; puede desarrollarse en la etapa de implementación o en la ex-post del programa, cuando ya se han empezado a entregar productos y servicios a los beneficiarios.
La evaluación de las políticas es una actividad que permite valorar el desempeño de las acciones e intervenciones públicas que, a través de un esquema ordenado de obtención y análisis de información, facilita la retroalimentación y genera resultados que apoyan la toma decisiones.
La UPRA se dio a la tarea de adaptar el «Marco de evaluación de la gobernanza de la tierra» (LGAF) para Colombia mediante la configuración de un instrumento que pudiera aplicarse con continuidad, en función de la planeación rural, económica y social del país. Como resultado, se obtuvo un conjunto de indicadores utilizado como insumo para la propuesta metodológica y estructuración de la línea base de indicadores de seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con el ordenamiento social de la propiedad rural y el mercado de tierras rurales.
La política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural (POPSPR) es el conjunto de acciones que realiza el Gobierno para desencadenar un proceso de planificación participativa y gestión multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, el cual contribuye a resolver las problemáticas asociadas a la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, de manera que se mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, el uso eficiente del suelo, la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y económica.
