Por primera vez, Colombia pone en el centro del ordenamiento territorial la protección de las tierras más fértiles y la producción de alimentos

• Más de 900 mil hectáreas en 49 municipios son Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. La apuesta más grande que algún Gobierno ha tenido por salvaguardar los mejores suelos.
• El MinAgricultura, en articulación con sus entidades adscritas, está construyendo un marco institucional y presupuestal sólido para que esta política pública sea justa, eficiente y sostenible.

Bogotá D.C., mayo de 2026. (@MinAgricultura). En Colombia, históricamente el territorio se ordenó desde una lógica de expansión urbana, valorización inmobiliaria y concentración económica del suelo, dando como resultado una ruralidad fragmentada, con un debilitamiento progresivo de las economías campesinas, familiares, étnicas y comunitarias, y con una pérdida acelerada de áreas con alta aptitud agropecuarias.  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), más de 20 millones de hectáreas presentan hoy degradación severa. Los suelos de clase agrológica I, es decir, los de mayor calidad y aptitud para la producción de alimentos, han desaparecido. Colombia viene perdiendo las tierras con mayor capacidad productiva, y es este Gobierno el que, por primera vez, crea una figura como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) para enfrentar este problema y mitigar sus impactos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. 
 
Ante el informe de seguimiento y control publicado por la Contraloría General de la República (CGR) a la determinante, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, realizó varias precisiones alrededor de los alcances técnicos, jurídicos y procedimentales de las mismas.  

“Las APPA gozan de validez técnica. Entre el 70-80% del abastecimiento agroalimentario proviene de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, en esos suelos que vienen desplazándose por las presiones en su uso. Esto ha generado que los campesinos salgan de la Frontera Agrícola a producir. Tener un ordenamiento adecuado dentro de la Frontera es fundamental para evitar seguir corriéndola sobre el patrimonio ambiental”, comentó la ministra. 

Además, se refirió a lo que significa que el país ya cuente con más de 900 mil hectáreas declaradas como APPA, una cifra que evidencia una transformación profunda en la manera como el Estado concibe el territorio. A partir de ahora, y gracias a la Revolución por la Vida, la producción de alimentos se pone en el centro del ordenamiento territorial y los suelos fértiles son entendidos como un patrimonio nacional que debe ser protegido. 

No existen hallazgos fiscales, sanciones ni decisiones que cuestionen la legalidad de las APPA. Las observaciones publicadas hacen parte de un ejercicio de control preventivo y concomitante de la CRG. 

Las declaratorias se han hecho con análisis de riesgo, información oficial, criterios de cambio climático, articulación institucional y procesos de fortalecimiento normativo. Además, con participación verificable en territorio: 558 espacios de coordinación con 2.947 asistencias de autoridades, instituciones públicas y entes territoriales. 

Las APPA no funcionan como un proyecto aislado con una única bolsa presupuestal centralizada. Son un instrumento de articulación territorial que permite coordinar inversión pública, oferta institucional y acciones de distintas entidades alrededor de territorios estratégicos. Por eso, el Gobierno ha venido construyendo herramientas nuevas de planeación y seguimiento presupuestal, como el trazador presupuestal campesino, los mecanismos del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y estrategias de coordinación territorial contempladas en el CONPES 4184 de 2026.

Sobre el Programa Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios – FAIA Integral de Ciclo Corto, FAIA Mitigación y las APPA 
El Gobierno Nacional está implementando una estrategia integral para proteger la producción nacional de alimentos, estabilizar los costos agropecuarios y fortalecer la permanencia de la economía campesina en el territorio, mediante la articulación entre el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) y la política de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). 

En su fase FAIA Integral – Ciclo Corto (2026), el programa movilizó más de $63.931 millones en las economías locales mediante apoyos directos cercanos a $25.000 millones, beneficiando a 9.617 productores, de los cuales el 97% corresponden a pequeños agricultores. 

Dando continuidad a esta política pública, el MADR ha puesto en marcha el FAIA Mitigación 2026, una fase extraordinaria orientada a contener el impacto del alto costo internacional de los fertilizantes y la variabilidad climática sobre las economías rurales. Esta nueva etapa cuenta con una inversión total de $150.000 millones: $110.000 millones dirigidos a subsidiar insumos para cadenas estratégicas como arroz, maíz, cacao, papa, plátano, yuca, hortalizas y sistemas pecuarios, y $40.000 millones adicionales aportados por el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEP) para renovación y sostenimiento de cafetales jóvenes. 

Ambos programas operan en articulación con la política de APPA, priorizando municipios ubicados en departamentos como Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Tolima y La Guajira. En total, la estrategia impacta 21 municipios con APPA declaradas y 12 municipios adicionales en proceso de declaratoria. 

Nuevos territorios APPA

Durante el espacio, Juan Pablo Sandoval, director de la UPRA, anunció que pronto se firmarán las resoluciones de APPA en Cogua y en el suroeste antioqueño, en Ciudad Bolívar, Andes Betulia, Betania, Támesis y Pueblo Rico.   
“El Gobierno ha emitido el CONPES de Reforma Agraria, que contempla inversiones indicativas alrededor de $18 billones para los próximos 20 años. La protección del suelo rural y el ordenamiento territorial son fundamentales. Estas próximas declaratorias nos permitirán llegar a 1 millón de hectáreas protegidas de suelo rural”, agregó Sandoval. 

Cogua como APPA responde a órdenes judiciales en el marco de la Sentencia del río Bogotá. Adicionalmente, la Sabana Centro, uno de los corredores estratégicos de abastecimiento alimentario de Bogotá y del centro del país, enfrenta una enorme presión urbanística, especulación inmobiliaria y cambio acelerado del uso del suelo debido a su cercanía con la capital, reafirmando la urgencia de esta determinante. 

“Con las APPA, insisto, se refuerza un mandato jurídico ya incorporado al ordenamiento constitucional y legal colombiano. Estamos garantizando el patrimonio más importante del país: los suelos fértiles, que no son una superficie plana indistinta. Llegamos con oferta institucional para fortalecer la producción”, agregó la jefa de cartera. 

Avances de SINIGAN

El espacio también fue la oportunidad que Paula Cepeda, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, dio a conocer los avances de la actualización del Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino - SINIGAN, con el que se opera la información del sector ganadero del país. La trazabilidad total permitirá que el Estado conozca la historia completa de cada animal, desde su nacimiento y los predios por los que ha transitado, hasta su destino final en planta de beneficio, exportación o reproducción. Esta capacidad constituye un instrumento fundamental para fortalecer la sanidad animal, mejorar la transparencia del sector, combatir la ilegalidad, la movilización irregular de ganado, y garantizar mayor control sobre los riesgos sanitarios. La emisión de la primera Guía de movilización fue el pasado 20 de abril y desde ese momento el sistema ha estado en etapa de normalización de datos.  

La gerente del ICA informó que la implementación de SINIGAN V6 ha permitido que el Estado tenga información real sobre el hato ganadero del país. La funcionaria explicó que la actualización del sistema está depurando la información de diferentes aplicativos que se han usado desde el año 2012 y que no se habían operado entre sí. ‘Esta actualización integra la información real para dar respuesta a las problemáticas de abigeato, contrabando, cierre de guías, entre otros, demandas que durante años el gremio había expresado’ puntualizó la funcionaria. Se espera que la normalización de datos se supere durante lo que resta del mes de mayo. 

La trazabilidad facilita el acceso a mercados nacionales e internacionales cada vez más exigentes en materia de inocuidad, sostenibilidad y cumplimiento ambiental. Asimismo, permite articular estrategias como GanaBosques para identificar riesgos de deforestación y avanzar hacia una ganadería libre de deforestación, alineada con los compromisos climáticos y ambientales del país.