La UPRA y el Lincoln Institute of Land Policy resaltaron propuestas alrededor del impuesto predial unificado rural en países de América Latina

En Colombia, el catastro de más del 90 % de los municipios está desactualizado.

El impuesto predial unificado es el segundo tributo de mayor peso sobre los ingresos tributarios municipales, con un 29 %: lo supera el impuesto de industria y comercio (ICA), con el 40 %. 

Bogotá D. C., (@UPRAColombia, @claudialili76). En el webinar «Impuesto predial en Latinoamérica: encuentro de expertos», organizado por la UPRA y el Lincoln Institute of Land Policy, participaron ocho panelistas de diferentes países –Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica y México–, quienes aportaron su visión y experiencia sobre el impuesto predial rural.

La apertura al evento estuvo a cargo de Claudia Cortés, directora de la UPRA, quien hizo un llamado a actualizar el catastro a nivel nacional. «En este momento, el estado de actualización catastral nos indica que, en más del 90 % de los municipios, el catastro está desactualizado. De tal forma que estamos viendo una realidad atrasada», afirmó.

Por su parte, Luis Fernando Sandoval, profesional especializado de la UPRA, indicó que «los instrumentos tributarios de los municipios tienen unas tarifas muy altas porque el avalúo está muy bajo; pero solamente tienen criterios, básicamente, de áreas y tamaños de estratos, sin considerar las realidades del sector rural. Y otras cifras que se han destacado en este informe: más del 70 % de los predios están por debajo de 135 salarios mínimos legales vigentes, y los tamaños de los predios, en general, en las zonas rurales Colombia, están variando entre 0 y 3 hectáreas».

Desde Brasil, Claudia De Cesare destacó algunas conclusiones que suceden en su país entorno al impuesto predial unificado: «La gestión y administración de ITR (imposto sobre a propriedade territorial rural) es un caso importante para el Gobierno federal en Brasil. Para el Gobierno federal tener un impuesto con el bajo potencial del ITR es más un problema que una solución».

De Cesare agregó que «el Gobierno federal tiene tributos muy fuertes, muy importantes; como el impuesto a la agenda y, obviamente, el manejo del ITR no es algo que favorece. Hay una multiplicidad de catastros sobre inmuebles rurales a nivel nacional y no hay una conexión en esos catastros; llegan a tener diferencias de hasta dos millones de inmuebles».

De Perú, Saúl Barrera explicó cómo el impuesto se maneja por medio de una ley de hace 30 años. «Actualmente, el impuesto predial en el Perú está regulado por una Ley de tributación municipal que fue aprobada por un decreto legislativo del poder ejecutivo desde el año 1993. Esta ley hace poco ha cumplido 30 años de vigencia en el país y regula el impuesto predial de manera uniforme para todo el territorio nacional. En esta ley se establecen las disposiciones, los lineamientos de cómo se debe aplicar, calcular, obrar, administrar el impuesto predial en todo el territorio nacional por parte de los gobiernos locales, específicamente, de las municipalidades distritales», destacó Barrera.

De Ecuador, Vanessa Rodríguez expuso unos datos sobre el contexto del impuesto predial en las zonas rurales: «el impuesto predial rural, en Ecuador, es de exclusiva financiación de los municipios; abarca a toda la población rural, que en el Ecuador son el 36 % de la población (cerca de 17 millones de personas); los predios, en el país, están cerca de los 8 millones de predios. Y tenemos una distribución igual entre predios rurales y urbanos».

En el caso de Costa Rica, Marcela Román destacó los desafíos y retos que tiene este impuesto: «una de las principales diferencias que tiene la estructuración o el diseño de este impuesto de bienes inmuebles en Costa Rica es que tenemos una tasa o una cuota muy muy baja, 2,5 por mil, y además uniforme para todos los usos del suelo, para todo el territorio; o sea, no importa si es comercial, industrial o residencial; no importa si es en zonas urbanas, costeras, rurales, agrícolas; lo que sea», sostuvo Román.

Al finalizar, una conclusión que mencionaron algunos participantes fue que, en cada país, debía mejorar la gestión administrativa del impuesto predial, proteger el suelo rural, impulsar el uso eficiente de suelo y evitar la concentración improductiva de la tierra rural.​