Cuatro años sembrando futuro en el país que blindó casi un millón de hectáreas de los mejores suelos para que no falte la comida

• Entre 2022 y 2026, la UPRA puso la planificación rural al servicio del campesinado trabajando como soporte técnico a favor de la Reforma Agraria con información abierta para que el campo decida con datos.

Bogotá, D. C., julio de 2026 (@MinAgricultura, @UPRAColombia, @juanpasandovalc). Detrás de cada arepa, de cada taza de café y de cada plato de sancocho hay un pedazo de tierra que alguien cultivó con sus manos. Y durante los últimos cuatro años, Colombia tomó la decisión de proteger esa tierra para que su destino siga siendo alimentar. Entre agosto de 2022 y julio de 2026, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad técnica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lideró la declaratoria de 996.780 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), mediante 16 resoluciones que cobijan 58 municipios en territorios como La Guajira, Sabana Centro, Tolima, el Suroeste Antioqueño, Córdoba y Santander.

¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que casi un millón de hectáreas de los suelos más fértiles del país quedaron reservadas para lo que mejor saben hacer, producir los alimentos que llegan a las plazas de mercado, a las tiendas de barrio y a la mesa de millones de familias. Es una apuesta por quienes madrugan a sembrar y una garantía para quienes comemos de su trabajo.

“Le cumplimos a los campesinos y campesinas de Colombia. Hoy la vida en el campo es mejor. Hay tierra protegida para producir alimentos, hay información al alcance de todas y todos, y hay una planificación que por fin piensa primero en quien siembra. Estos cuatro años demuestran que cuando el Estado planifica con la gente y para la gente, el territorio cambia”, afirmó Juan Pablo Sandoval, director general de la UPRA.

Y nada de esto se decidió desde un escritorio. Para construir estos instrumentos, la UPRA se sentó a conversar con el país rural. 3.100 reuniones, 6.977 asistencias acumuladas y más de 2.220 acciones de difusión vincularon a autoridades, comunidades y productores en las decisiones sobre su propio territorio. Así, vereda a vereda y concejo a concejo, la planificación dejó de ser una promesa lejana y se volvió una conversación cara a cara.

Ese diálogo tuvo un norte y fue la Reforma Agraria. Como soporte técnico del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SINRADR), la UPRA puso la lupa sobre una pregunta que el país arrastraba hace décadas: ¿Quién tiene la tierra y quién la necesita? Construyó el mapa de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), que identificó 1.319.914 unidades productivas, el 55,69 % del total nacional; acompañó a seis Zonas de Reserva Campesina en la planeación de su futuro productivo, y le puso transparencia a un mercado de tierras históricamente opaco, con diagnósticos en 33 municipios y más de 5.500 registros de arrendamiento y otras formas de acceso a la tierra.

La construcción de estos instrumentos tuvo un aliado permanente en el sector productivo. Junto con gremios del sector agropecuario, entidades territoriales y decenas de actores productivos, la UPRA desarrolló zonificaciones de aptitud productiva agropecuaria de alcance nacional y departamental, un ejercicio que le dice al país qué producir y dónde. Ese mismo diálogo permitió formular seis Planes de Ordenamiento Productivo —para papa, caña panelera, cacao, acuicultura continental, ovino caprina y cebolla de bulbo—, cadenas donde predomina la ACFEC y que hoy cuentan con una hoja de ruta técnica construida de la mano de quienes las trabajan cada día.

El agua también tuvo su propio capítulo dentro del ordenamiento rural. La UPRA formuló ocho Planes Departamentales de Riego —en Boyacá, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Casanare y Magdalena— que trazan una hoja de ruta a 20 años para orientar las inversiones en adecuación de tierras, y avanzó en el monitoreo del desempeño de 8 distritos en funcionamiento. Un trabajo que apunta a cerrar una brecha estructural del país: de los 18,4 millones de hectáreas con potencial de adecuación, hoy solo 1,1 millones cuentan con riego, apenas un 6 %, una cifra que la UPRA busca ampliar para fortalecer la productividad y la seguridad alimentaria frente al cambio climático.

El trabajo también se sintió en el mapa, porque la entidad llevó sus instrumentos de ordenamiento y protección de alimentos a territorios como La Guajira, Meta, Casanare, Córdoba, Putumayo, Nariño y Cauca, entre otros, fortaleciendo las decisiones sobre acceso a la tierra y producción sostenible. Y hasta llevó el nombre de Colombia ante el mundo: la ganadería tradicional de las sabanas inundables de Paz de Ariporo, en Casanare, fue postulada ante la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

Y para que nadie se quede por fuera de la conversación, la UPRA fortaleció sus sistemas de información, con el Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria (Sipra) a la cabeza: una ventana abierta y gratuita donde cualquier persona puede consultar los datos del campo colombiano. Porque, cuando el conocimiento se comparte, el poder de decidir también.

Pero esta cosecha también deja tareas pendientes para quienes reciben el relevo. La principal es profundizar una planificación rural con enfoque territorial y participativo, donde gobiernos, gremios, comunidades, campesinado y pueblos étnicos incidan de verdad en las decisiones y en la gestión pacífica de los conflictos por la tierra. En esa misma línea, la entidad recomienda consolidar la visión de la frontera agrícola con enfoque de derechos y sacar adelante la Política de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios (GESTUA), que une la planificación técnica con la justicia social para resolver los conflictos socioambientales que todavía viven los territorios.

El otro reto está en no dejar que la conversación se apague. La UPRA le apuesta a seguir estructurando, en el marco del SINRADR, proyectos estratégicos de impacto regional decididos desde el territorio y con visión de largo plazo; a modernizar sus sistemas de información para anticipar los efectos de la variabilidad climática, y a persistir en la comunicación y la cooperación técnica para que su trabajo siga siendo apropiado por la gente que lo hace posible.

Cuatro años después, el balance se puede contar en hectáreas, en mapas y en datos; pero, sobre todo, se cuenta en algo más simple y más grande: en un país que decidió cuidar la tierra que lo alimenta y dignificar a la gente que la trabaja. Esa siembra ya está hecha. Ahora, a Colombia le toca seguirla cosechando.