Mesa de trabajo seguimiento advertencia sobre la implementación de las áreas de protección para la producción de alimentos entre la CGR y el MADR

Con fundamento en la advertencia emitida por la Contraloría General de la República, relacionada con la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), el día 20 de mayo de 2026 se adelantó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Contraloría General de la República (CGR), con el propósito de abordar de manera conjunta, técnica y constructiva los aspectos advertidos.

La reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo institucional y colaboración armónica, basada en el respeto por las competencias de cada entidad y disposición para fortalecer la implementación adecuada de esta política pública. En ese sentido, las partes destacaron la importancia de mantener una comunicación clara, abierta y permanente, orientada a prevenir riesgos, continuar con la articulación interinstitucional, aclarar aspectos técnicos y jurídicos de las APPA y contribuir al cumplimiento de los fines públicos asociados a la protección del suelo rural agropecuario y a la seguridad alimentaria del país.

El objetivo de la Contraloría General de la República, al emitir una advertencia conforme al marco normativo vigente, es informar a las entidades sujetas de control sobre posibles riesgos identificados en tiempo real durante el ejercicio de seguimiento permanente bajo el control preventivo y concomitante, el cual, para el caso concreto, se enmarca en la implementación de las determinantes del nivel 2 del artículo 32 de la ley 2294 de 2023 que modifico el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 . En desarrollo de la mesa de trabajo se precisó que dicha advertencia tiene carácter preventivo y no constituye una declaración de detrimento patrimonial ni la configuración de un hallazgo fiscal, sino que busca alertar oportunamente a la administración para que adopte las medidas pertinentes y evitar afectaciones a los recursos públicos y a los intereses patrimoniales de naturaleza pública.

Al respecto, se precisó que la Contraloría General de la República no se opone a la implementación de la política pública relacionada con las APPA, ni evidencia detrimentos patrimoniales en el desarrollo de la política; por el contrario, el propósito del control preventivo es contribuir a que esta se desarrolle de manera ordenada, armónica, participativa y sostenible, mediante una adecuada planeación, la gestión oportuna de los recursos necesarios, la coordinación interinstitucional y la

articulación efectiva con los territorios. Durante la mesa de trabajo, las partes coincidieron en que el suelo rural agropecuario constituye un patrimonio público de especial relevancia para el país, dada su relación directa con la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, la producción agropecuaria, la sostenibilidad ambiental y la protección del patrimonio público. En ese sentido, se resaltó que la protección del suelo no resulta contraria a la política pública, sino que constituye una condición necesaria para su implementación responsable, eficiente y orientada a generar beneficios reales para las comunidades.

Igualmente, se destacó la voluntad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de continuar la articulación armónica con las entidades territoriales, de manera que la implementación de las APPA avance con garantías de socialización, participación, claridad técnica y coordinación con las autoridades locales como se ha venido realizando. Para ello, se consideró fundamental fortalecer los espacios de diálogo con gobernaciones, alcaldías, autoridades sectoriales y demás actores competentes, con el propósito de armonizar la política pública con los instrumentos de ordenamiento territorial, las capacidades institucionales de cada territorio y las necesidades concretas de la población.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enfatizó que las APPA como determinante de ordenamiento parten del reconocimiento de la vocación agropecuaria y los usos del suelo, incorporando elementos de gestión de riesgo y cambio climático.

A partir del reconocimiento de especial protección para el campesinado y la producción de alimentos, el MADR y la CGR concuerdan en que las APPA se constituyen como un mecanismo para coordinar acciones en cumplimiento de los fines superiores de seguridad alimentaria y del derecho humano a la alimentación.

La Delegada para el Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento a la implementación de las APPA a través del Sistema General de Advertencia Público (SIGAP), en tanto el suelo rural agropecuario constituye un interés patrimonial que demanda especial protección del Estado. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reiteró su disposición para continuar promoviendo acciones orientadas a la adecuada implementación de esta política pública, de manera que los procesos de declaratoria e implementación de las APPA avancen y se continúen desarrollando con articulación territorial, claridad institucional y una adecuada gestión de los recursos requeridos, bajo principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y respeto por las competencias de las entidades nacionales y territoriales involucradas.

Finalmente, se destacó la disposición tanto del MADR como de la CGR para continuar trabajando de manera armónica, técnica y colaborativa, en el marco de las competencias de cada entidad. Como conclusión de la mesa de trabajo, se acordó promover espacios de seguimiento con participación de la CGR, orientados a revisar avances, aclarar inquietudes, garantizar la participación en los territorios, verificar la adecuada gestión de los recursos y contribuir a que la implementación de las APPA se siga adelantando con seguridad jurídica, sostenibilidad presupuestal, coordinación institucional y protección efectiva de los intereses públicos comprometidos.