Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el Propósito de la UPRA?

La UPRA, tiene por objeto orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad, y la definición de lineamientos, criterios e instrumentos que promuevan el uso eficiente del suelo para el desarrollo rural con enfoque territorial. Igualmente la evaluación de las políticas públicas es esas materias, en el territorio colombiano.

Fuente: Asesoría de Planeación 

¿Qué avances presenta la estrategia de implementación de los lineamientos que genere la UPRA para llegar a los municipios?

Dado que la Ley 1551 de 2012 señala que los municipios deberán tener en cuenta para la formulación de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial los lineamientos y criterios generados por la UPRA, y de acuerdo con el plan de acción de la Entidad y al objeto de ésta, se contempló la formulación de lineamientos, criterios de orden general, es decir que estos son formulados con un carácter nacional para orientar la gestión del territorio rural, para que puedan ser tenidos en cuenta por todos los municipios del país.

Fuente: Encuesta Pre – Audiencia de Rendición de Cuentas 2013 – 214

¿Existe un Plan de Ordenamiento Productivo departamental o municipal que aplique a la Provincia del Gualivá?

Es función de la UPRA orientar la formulación y ejecución de políticas públicas para la planificación del ordenamiento productivo y de la propiedad rural, con el fin de promover el uso eficiente del suelo para el desarrollo rural agropecuario con enfoque territorial.

¿Qué es una OPA?

Definido por el Departamento Administración Pública DAFP como: "OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARA AL USUARIO": Conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria para obtener un producto o servicio que ofrece una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia, sus características son la no obligatoriedad para el usuario y no tienen costo para éste.

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

¿Qué Procedimiento Administrativo presta la UPRA?

Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria UPRA.

¿Cuál es el propósito del Procedimiento Administrativo de la UPRA?

Obtener información sobre orientación de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios y los lineamientos, criterios e instrumentos a considerar en el ordenamiento y uso eficiente del suelo rural, para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de una entidad territorial. 

¿Cuál es la normatividad y requisitos para la compra de tierras por parte de extranjeros?

La normatividad básica al respecto es la siguiente:

• Artículo 100 de la Constitución Política de 1991 

• Ley 9 de 1991, art. 15

• Decreto 1735 de 1993

• Decreto 2080 de 2000 (Estatuto de Inversiones Internacionales) y sus modificaciones (decretos 1844 de 2003, 4210 de 2004, 4474 de 2005, 1801 de 2007, 2466 de 2007, 4814 de 2007, 1888 de 2008, 1999 de 2008, 3264 de 2008, 3913 de 2008, 2603 de 2009, 4800 de 2010) 

• Resolución Externa n.º 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y sus modificaciones (R.E.8/00 J.D.)

• Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 y sus modificaciones, numerales 7.1. y 7.2.1.

Adicionalmente, deben tenerse en cuenta los principios que rigen la inversión extranjera en Colombia:

a) Principio de igualdad en el trato. La inversión extranjera en Colombia recibe el mismo tratamiento que la inversión nacional. Por lo tanto, no se dará un tratamiento discriminatorio hacia la inversión extranjera, pero tampoco se concederá un tratamiento más favorable.

b) Principio de universalidad. La inversión extranjera es posible en todos los sectores, con excepción de los siguientes casos: defensa y seguridad nacional; actividades relacionadas con el tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos no producidos en Colombia; empresas de vigilancia y seguridad privada.

c) Principio de automaticidad. La realización de la inversión extranjera no requiere autorización, salvo para los regímenes especiales de los sectores mineros, de hidrocarburos, asegurador, de televisión y para las inversiones realizadas en el sector financiero, que requieren, en ciertos casos, autorización o reconocimiento previo por parte de autoridades oficiales tales como ministerios o superintendencias.

d) Principio de estabilidad. Las condiciones pactadas en el momento del registro de la inversión, en cuanto a remesas de utilidades y capital vigentes, no pueden ser cambiadas después de manera que afecten negativamente al inversionista. Sin embargo, en el caso de que el país se encuentre en una situación donde las reservas internacionales correspondan a tres meses o menos de importaciones, estas condiciones pueden ser alteradas temporalmente (esta situación nunca se ha presentado en la historia reciente).

Respecto de la adjudicación y adquisición de terrenos baldíos por parte de extranjeros, el Decreto 1415 de 1940, artículo 5, señala:

ARTÍCULO 5.º. Los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y en las regiones limítrofes con las naciones vecinas, ya se trate de los lotes intermedios reservados por el artículo 52 del Código Fiscal o de los no reservados, podrán en adelante ser adjudicados de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia, únicamente a colombianos de nacimiento.

PARÁGRAFO. Los terrenos baldíos adquiridos de conformidad con este artículo no podrán ser traspasados a extranjeros a ningún título.

 

¿Cuál es la normatividad y requisitos para la compra de tierras por parte de extranjeros?

La normatividad básica al respecto es la siguiente:

  • Artículo 100 de la Constitución Política de 1991
  • Ley 9 de 1991, art. 15
  • Decreto 1735 de 1993
  • Decreto 2080 de 2000 (Estatuto de Inversiones Internacionales) y sus modificaciones (decretos 1844 de 2003, 4210 de 2004, 4474 de 2005, 1801 de 2007, 2466 de 2007, 4814 de 2007, 1888 de 2008, 1999 de 2008, 3264 de 2008, 3913 de 2008, 2603 de 2009, 4800 de 2010)
  • Resolución Externa n.º 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y sus modificaciones (R.E.8/00 J.D.)
  • Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 y sus modificaciones, numerales 7.1. y 7.2.1.

Adicionalmente, deben tenerse en cuenta los principios que rigen la inversión extranjera en Colombia:

a) Principio de igualdad en el trato. La inversión extranjera en Colombia recibe el mismo tratamiento que la inversión nacional. Por lo tanto, no se dará un tratamiento discriminatorio hacia la inversión extranjera, pero tampoco se concederá un tratamiento más favorable.

b) Principio de universalidad. La inversión extranjera es posible en todos los sectores, con excepción de los siguientes casos: defensa y seguridad nacional; actividades relacionadas con el tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos no producidos en Colombia; empresas de vigilancia y seguridad privada.

c) Principio de automaticidad. La realización de la inversión extranjera no requiere autorización, salvo para los regímenes especiales de los sectores mineros, de hidrocarburos, asegurador, de televisión y para las inversiones realizadas en el sector financiero, que requieren, en ciertos casos, autorización o reconocimiento previo por parte de autoridades oficiales tales como ministerios o superintendencias.

d) Principio de estabilidad. Las condiciones pactadas en el momento del registro de la inversión, en cuanto a remesas de utilidades y capital vigentes, no pueden ser cambiadas después de manera que afecten negativamente al inversionista. Sin embargo, en el caso de que el país se encuentre en una situación donde las reservas internacionales correspondan a tres meses o menos de importaciones, estas condiciones pueden ser alteradas temporalmente (esta situación nunca se ha presentado en la historia reciente).

Respecto de la adjudicación y adquisición de terrenos baldíos por parte de extranjeros, el Decreto 1415 de 1940, artículo 5, señala:

ARTÍCULO 5.º. Los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y en las regiones limítrofes con las naciones vecinas, ya se trate de los lotes intermedios reservados por el artículo 52 del Código Fiscal o de los no reservados, podrán en adelante ser adjudicados de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia, únicamente a colombianos de nacimiento.

PARÁGRAFO. Los terrenos baldíos adquiridos de conformidad con este artículo no podrán ser traspasados a extranjeros a ningún título.

 

¿Cómo se pueden evitar los fenómenos especulativos del mercado de tierras rurales?

Evitar los fenómenos de especulación demanda acciones progresivas y articuladas de diferente naturaleza por parte de diferentes entidades del Estado, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a. Información

Facilitar el acceso a información mediante la implementación de un observatorio del mercado de tierras rurales alimentado de manera participativa por observadores en el territorio que divulgue la información relacionada con la oferta, demanda y precios de la tierra, sus dinámicas y efectos en los fenómenos de concentración, fraccionamiento antieconómico e informalidad en la propiedad y tenencia de predios rurales.

b. Formalización

Avanzar en la identificación de los baldíos y desarrollar e implementar programas de formalización de la propiedad pública y privada para minimizar la incertidumbre y los riesgos asociados a la transferencia del dominio, lo que, a su vez, genera mayor seguridad jurídica.

c. Regularización

Implementar la Interrelación Catastro-Registro

Desarrollar e implementar el índice de valoración predial rural.

Promover un ordenamiento territorial que establezca la calificación del suelo rural en cuanto a régimen de uso.

Identificar en la planificación los hechos generadores y actuaciones que habiliten la aplicación de mecanismos de gestión y financiación.

Aplicación de mecanismos de gestión y financiación de suelo que propendan por la captura de movilización de plusvalías del suelo generadas por decisiones públicas, el reparto equitativo de cargas y beneficios, así como la financiación de obras de infraestructura o mejora de las mismas que contribuyan al desarrollo del sistema territorial agropecuario y el modelo de ocupación previsto para el territorio. Así mismo, innovar en el ajuste normativo nacional para la adaptación y adopción para las tierras rurales, de instrumentos existentes en el suelo urbano como el reajuste de terrenos.

Actualizar y garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Unidad Agrícola Familiar (UAF), a fin de promover acciones que deriven en la prevención de la concentración, el fraccionamiento antieconómico y la respectiva recuperación material.

¿Cuál es la informalidad en la propiedad rural en Colombia? ¿Cómo se determina la informalidad?

En la actualidad el país no cuenta con un registro de los bienes inmuebles rurales que están en condiciones de informalidad en la propiedad. Sin embargo, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) calcula un índice de informalidad que permite estimar, identificar y delimitar áreas con posible presencia de informalidad en la tenencia de la tierra a nivel predial, índice que sirve de insumo técnico en el proceso de planificación del ordenamiento social y productivo de la propiedad rural del país.

Este índice se calculó con apoyo en fuentes de información de predios rurales, principalmente con la información del catastro y del registro de instrumentos públicos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Predios sin matrícula inmobiliaria en la base de datos catastral

Predios identificados con mejoras en predio ajeno dentro de la base catastral

Predios no interrelacionados en el Proyecto Interrelación Catastro-Registro (Icare)

Predios con falsa tradición registrada en el folio de matrícula inmobiliaria.

Los predios que cumplan con al menos una de las condiciones anteriores se contabilizan como predios con indicios de alguna situación de informalidad y, por ende, se suman dentro del número total de predios presuntos informales para cada municipio. De esta manera, se conforma el índice de informalidad municipal en todo el país.

En materia de SEPP, ¿en qué se diferencia la UPRA del DNP?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) fija las directrices metodológicas para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. La UPRA las adopta para adelantar el seguimiento y evaluación del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras y el mercado de tierras rurales.

¿Se puede constituir una zona de reserva campesina fuera de la frontera agrícola?

Las zonas de reserva campesina son consideradas como zonas de colonización con predominio de tierras baldías con características agroecológicas, socioeconómicas, culturales y ambientales especiales que responden a una forma específica de identidad campesina, partiendo de iniciativas agrarias, sociales y estatales, en procura de impulsar la Reforma Rural Integral y contribuir al ordenamiento territorial, mediante alternativas participativas, concertadas y equilibradas entre la economía campesina, familiar, comunitaria y el medio ambiente. Estas zonas tienen como una de sus funciones principales el cierre de la frontera agrícola, en consecuencia, pueden comprender áreas por fuera de la frontera agrícola, siempre y cuando se respeten los regímenes de uso del suelo, los cuales deben estar contemplados en sus respectivos planes de desarrollo sostenible.

¿Los lineamientos para el desarrollo y ordenamiento territorial formulados por la UPRA son vinculantes?

No lo son. De conformidad con los numerales 2 y 9 del artículo 3.º de la Ley 1551 de 2012: «Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios», es función de los municipios, formular y adoptar tanto los planes de ordenamiento territorial como planes de desarrollo «teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural» 

La disposición se representa como condición optativa, y no imperativa frente a la competencia de reglamentación de los usos del suelo prevista por el numeral 7.º del artículo 313 de la Constitución Política de 1991, desarrollada en la Ley 388 de 1997, entre otras disposiciones.

De igual manera puede inferirse para los departamentos a la luz de los artículos 302 de la Constitución Política de 1991 y 29, numeral 2 (literales a y e) de la Ley 1554 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, el artículo 7 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 7 de la Ley 388 de 1997. Lo propio acontece con las áreas metropolitanas como entidades administrativas de derecho público de conformidad con el artículo 319 de la Constitución Política de 1991 y los artículos 2, 6 (literal d) y 7 (literales a y c) de la Ley 1625 de 2013.

Bajo la misma consideración, teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C-123 de 2014 y C-077 de 2017, los criterios, lineamientos e instrumentos propuestos por la UPRA, como elementos constitutivos de la política pública sectorial agropecuaria, deben ser concertados con las administraciones de las diferentes escalas territoriales con incidencia en el ordenamiento territorial, en procura de su coherencia y el bienestar general, por lo que no es exigible su aplicación de manera directa por parte de las entidades territoriales.

¿Qué es la frontera agrícola nacional y cuál es su objetivo?

Se define frontera agrícola nacional como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley. Su objetivo es contribuir a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Además, promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. Asimismo, contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental.

Para mayor información consultar la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Cuáles son las características de la frontera agrícola nacional?

Su delimitación se basa en el territorio transformado, que se dedica al desarrollo de actividades agropecuarias en el suelo rural; es discontinua y dinámica como consecuencia de las categorías de ordenamiento territorial existentes, así como, de las innovaciones tecnológicas, la investigación y el desarrollo de nuevas prácticas; reconoce la multifuncionalidad del territorio, que permite incluir dentro de la frontera agrícola otros servicios y actividades compatibles con el desarrollo de actividades agropecuarias.

Para mayor información consultar la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.