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El plan para la adecuación de tierras en Colombia

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La adecuación de tierras es clave para el desarrollo rural, pues su misión es proveer riego y drenaje para la producción agropecuaria. Tener una infraestructura para administrar el agua de forma eficiente no sólo es fundamental para aumentar la productividad sino una parte importante de la prevención y el manejo de inundaciones o hacerle frente a fenómenos como las sequías o las heladas, tan frecuentes en Colombia.

Sin embargo, según el tercer censo nacional agropecuario, casi el 67 % de los agricultores en el país no utilizan riego. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) reveló ayer otro dato alarmante: de 17 millones de hectáreas con potencial de riego, apenas un millón lo tienen y, además, muchos proyectos se rezagan al no poder garantizar su sostenibilidad y funcionamiento. En comparación con otros países, Colombia está en clara desventaja. Mientras México hace casi ocho años contaba con una cobertura de 66 % sobre su potencial, la de nuestro país es de apenas 7 %, más baja que la de Perú, Argentina, Brasil y Chile.

Por eso, la tarea de la UPRA en esta materia es promover una “nueva visión” sobre la adecuación de tierras, que se materialice en un plan nacional a largo plazo, que terminaría en 2038. La idea es que haya un modelo de gestión entre los sectores público y privado, para proyectos de mediana y gran escala, a partir de decisiones con soporte técnico y enfoque territorial. Es decir, que la decisión de arrancar o rehabilitar un proyecto de infraestructura de riego y drenaje pueda hacerse a través de alianzas público-privadas, como las vías 4G, y que tenga en cuenta factores como las necesidades de un territorio, cuántas personas o qué área se beneficiarán y cuáles son los costos, entre otros.

Según Felipe Fonseca, director de la UPRA, el mensaje es que la adecuación de tierras debe verse como un medio y no como un fin para el desarrollo agropecuario, que debe ir acompañada de asistencia técnica, innovación, comercialización o acceso a mercados, el ordenamiento y la formalización de la propiedad y, en general, bienes y servicios públicos, como la infraestructura vial. Por eso, en este plan es necesaria la participación no sólo del Ministerio de Agricultura, al que está adscrita la UPRA, sino de Planeación Nacional, la Agencia de Desarrollo Rural, los gremios de la producción, entre muchos otros actores.

Se espera que arranque en 2018 y para su ejecución hay un Conpes en discusión. Sin embargo, el mayor desafío que tiene en este momento es que la propuesta de política pública que se había hecho —el proyecto de ley de adecuación de tierras— se hundió, pues no terminó de ser discutida en el marco del fast track. En el sector, no obstante, hay esperanza de que el proyecto se pueda discutir por el trámite ordinario y con urgencia, debido a que es visto como fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz en su dimensión rural.

La buena noticia en medio de este panorama fue la aprobación esta semana del proyecto de ley de innovación agropecuaria, que ahora pasará a sanción presidencial. Su objetivo también es mejorar la productividad y la competitividad del sector agropecuario, pero desde el punto de vista de la ciencia y la innovación, facilitando el acceso a los servicios de extensión —a través de subsidios, por ejemplo— e impulsando la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación y la capacitación. El desafío, entonces, es que la adecuación de tierras no se quede en el papel, sino que pueda ejecutarse en el marco de una política y con recursos asegurados.

 

Fuente: Elespectador.com